Es muy raro encontrar a un limeño que no considere que el sistema de transporte público de su ciudad sea un verdadero infierno. Pero 82% de la población lo tiene que usar y padecer horas de interminables congestiones vehiculares, fuera de la inseguridad y la contaminación producida por las combis y buses viejos, una flota que en muchos casos tiene una antigüedad de más de 20 años.
Juan Tapia, director del Centro de Investigación y de Asesoría del Transporte Terrestre (Cidatt), sostiene que la congestión vehicular hace que la velocidad promedio en las calles limeñas disminuya cada vez más, al punto que en algunos tramos de las principales avenidas las velocidades bajan a un promedio de hasta 5 km/h. Un estudio del Banco Mundial de 2005 valorizó en US$ 500 millones anuales las pérdidas causadas por horas-hombre desperdiciadas en movilización y costos operativos.
Para remediar el desorden vial, las autoridades han trabajado en un sistema de transporte llamado El Metropolitano, que se basa en el exitoso sistema de transporte público de Curitiba y que también fue imitado en Bogotá y Santiago. El proyecto forma parte de un plan maestro de transporte que prevé inversiones de unos US$ 5.535 millones hasta 2025.
Sin embargo, hasta ahora se ha avanzado poco. Aunque es el caballito de batalla del alcalde de Lima y posible candidato presidencial, Luis Castañeda, El Metropolitano se encuentra sumido en críticas por los aplazamientos en su entrada en funcionamiento, su elevado costo y por la falta de comunicación a la ciudadanía sobre cómo operará.
Más allá de la polémica, este sistema queda corto, pues resolvería apenas 8% de la demanda. Según la investigadora Claudia Bielich, el otro 92% seguirá movilizándose “en condiciones deplorables”. Bielich considera al Metropolitano una buena iniciativa, pero dice que es necesario que todo el sistema de transporte cambie. La pregunta es cómo.
Especialistas entrevistados sostienen que la reorganización del sistema pasa por varios aspectos. Uno de los más importantes es la racionalización del transporte público, cuyas unidades y rutas actuales resultan excesivas: existen unos 29.000 vehículos de transporte público y unas 500 rutas. Esta reorganización pasa también por redefinir la forma en la que operan las empresas de transporte público. Los dueños de las rutas afilian a los dueños de los buses por un pago diario, lo que origina la guerra por los pasajeros y los numerosos accidentes por excesos de velocidad.
Para muchos, una solución ideal sería contar con un metro subterráneo, pero la solución más inmediata y económica pasa por los buses, afirman los expertos entrevistados.
Al final, se trata más de un problema político que técnico, aseguran los expertos. “Ningún alcalde ha querido hacerse del problema, tratarlo como un tema político e intentar solucionarlo”, dice Bielich. “Han preferido mantener el statu quo porque, mal que bien, el sistema funciona: los limeños se movilizan, en malas condiciones, pero lo hacen”.
Ciertamente, atacar en serio el problema del transporte puede significar un alto costo político. Los miles de combis que operan en Lima son el medio de sustento para miles de familias. Y en un año como éste, en que los limeños eligen a su nuevo alcalde, o como el siguiente, en que los peruanos eligen a su nuevo presidente, parece no haber un político dispuesto a correr el riesgo. En pocas palabras, el caos pinta para rato.