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Urgencias legales

La judicialización de la práctica médica es un proceso incipiente en Brasil y ya visible en Chile, donde lo aborda la justicia penal.

Carlos Tromben

Durante el parto, el equipo médico se equivocó en aplicar dos tipos de anestesia. El bebé nació bien y hoy es una adolescente. Pero la madre, Caria, vive en estado vegetal. Tras casi una década de litigio, la abogada Célia Destri logró que un tribunal de Rio de Janeiro obligara a la clínica a pagarle una indemnización de US$ 340.000. Según Reinaldo Ayres, coordinador de la cámara de bioética del Consejo Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), el último levantamiento realizado por la entidad mostró un aumento del 75% en el número de denuncias contra médicos entre 2000 y 2006. La abogada Destri, que preside la Asociación de Víctimas de Errores Médicos, una organización fundada en Rio de Janeiro en 1991, afirma que los casos más comunes se relacionan con ginecología y obstetricia. Son mujeres que mueren en el parto, bebés que se demoran horas en nacer y terminan con parálisis cerebral.

El patrón se repite en otros países. Según cifras del tribunal de ética médica de Colombia, durante 2010 se realizaron 108 procesos por negligencia (4 menos que en 2009). De éstos 37 se relacionan con gineco-obstetricia y 21, con ginecología. Para el médico chileno Sergio Rojas Cornejo, “la razón es que existen dos productos, mamá e hijo, lo que aumenta la tasa de riesgo”. Rojas es presidente de Falmed, una instancia creada por el gremio médico chileno para dar apoyo legal a los profesionales. “Nos aparecen en los primeros cinco puestos los pediatras, fundamentalmente los neonatólogos”, dice Rojas.

CUESTIÓN DE VOLUMEN

Para algunos especialistas, la masificación de los sistemas de salud y el régimen de cobertura tienen una cuota de responsabilidad. “Hay un aumento de la demanda por servicios de salud debido al crecimiento de la población y del número de procedimientos realizados. Se suma a ello la falta de médicos calificados y la baja remuneración de los planes de salud”, dice Carlos Roselli, presidente del capítulo paulista de la comisión de derecho de la salud y responsabilidad médico-hospitalaria de la OAB (Orden de los Abogados de Brasil).

El abogado se refiere a la disputa entre los médicos brasileños y a las operadoras de planes de salud. A fines de agosto miles de médicos organizaron una protesta nacional, dejando de atender a los pacientes adscritos a algunos de estos planes. El objetivo es presionar por una mejor remuneración. Según Roselli, en promedio un médico recibe de los planes de salud US$ 16,74 por consulta. Después de descuentos, gastos e impuestos, recibe US$ 7,45.

“Un médico que gana poco y atiende básicamente en su clínica tiene que trabajar mucho más y en varios lugares para conseguir una renta mínima”, dice el representante de la OAB. “Termina siendo más vulnerable a errores y tiene menos oportunidad de actualizarse profesionalmente”.

No es un problema circunscrito a Brasil. El Dr. Emilio Posadas Sarmiento, miembro del tribunal de ética médica de Bogotá entre 1998 y 2007, señala que las condiciones de pago en Colombia son poco adecuadas para el tiempo de estudios que implica una carrera como la medicina, por no hablar del esfuerzo y la responsabilidad que implica. “Las empresas promotoras de salud (conocidas en Colombia como EPS) fijan un valor y éste es extraordinariamente bajo”, dice Posadas. “Un médico de una EPS generalmente recibe un promedio de US$ 29 por consulta, mientras que en una consulta particular está entre US$ 69 y US$ 114”.

El profesional señala que, en las condiciones actuales, la ley colombiana de salud pública limita el tiempo que el médico dedica a su paciente, lo que tiene consecuencias. “Dado el grandísimo volumen de pacientes que hay, las EPS a veces exigen que el paciente sea atendido en periodos muy cortos – a veces de 20 minutos o menos– lo cual naturalmente limita al médico y hace que la atención no sea lo suficientemente adecuada”.

Así las cosas, los incentivos vigentes están dando lugar a sistemas con dos caras: uno moderno y competitivo a nivel mundial, con buenos equipos y profesionales. Ayres, de Cremesp, destaca que Brasil se ha consolidado como referencia en una serie de especialidades. “Cirugía plástica, tratamiento del SIDA o cirugía cardiaca. Tanto que el país es uno de los destinos del llamado turismo de salud”, dice.

El escenario actual obliga a los médicos a abandonar su antiguo paternalismo y ser muy claros con el paciente respecto de lo que implica cada tratamiento.

Lo cual contrasta con la realidad que acusa la abogada Destri. “Hay una carencia generalizada de equipos y de recursos humanos, tanto en el sistema público, donde se atiende la mayoría de los brasileños, como en el privado”, dice. “Hace poco yo misma tuve que llevar las sábanas para un pariente internado en el hospital de Andaraí (en Rio de Janeiro).

LOS PROCEDIMIENTOS

La abogada Destri explica que en Brasil el Código de Defensa del Consumidor, adoptado en 1991, es el principal apoyo encontrado por las personas que se sintieron atropelladas por algún profesional o institución de la salud. “El asunto pasa a ser tratado como un problema de prestación de servicios, no como mera culpa”, explica.

En Colombia son vistos primero por un tribunal de ética médica, los que se consideran parte especializada del sistema de justica. Sin embargo, entre 2009 y 2011 sólo cuatro casos fueron derivados a la fiscalía general de la nación.

Donde sí hay elementos para hablar de judicialización es en Chile. “La gran mayoría de los casos se hacen en la sede penal, a diferencia de otros países en que se hace en lo civil”, dice el Dr. Rojas. “Somos de los pocos países en el mundo en los que existe un apartado en el código penal que tipifica el delito a la mala praxis”.

Para Rojas, la judicialización tiene un impacto sanitario considerable y consiste, básicamente, en el encarecimiento de la medicina. “El 50% de los exámenes los pido para protegerme de eventuales demandas”, dice. “Si no supiera que me pueden enjuiciar no pediría tanto”.

El abogado Roselli reconoce que existe una tendencia mundial a la judicialización, pero afirma que Brasil no va a vivir la realidad de EE.UU. “Aquí, por buen sentido del poder judicial, no tenemos una tradición de indemnizaciones millonarias y eso termina de alguna manera inhibiendo un aumento mayor de acciones contra médicos, hospitales y planes de salud”, dice.

Judicialización o no, el escenario actual implica un desafío para los médicos en relación a cómo se vinculan con el paciente. Para el Dr. Rojas, la mejor manera de evitar problemas es “dejar la relación paternal con el paciente y negociar, pues ahora es un paciente informado”.

En Colombia se le llama Consentimiento Informado, que no es otra cosa que la explicación que debe dar el médico acerca del diagnóstico, el tratamiento y sus consecuencias. “El paciente debe firmar este consentimiento informado, aceptar ante la ley que lo conoce”, dice el Dr. Posada Sarmiento. Pero no todos lo hacen y, según el profesional, algunas cátedras de ética médica no hacen suficiente énfasis en este documento fundamental.