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Especial Universidades 2011Chile

¿El precio justo?

Por una combinación de oferta, demanda e incentivos contradictorios, los aranceles universitarios chilenos han ido al alza. El resultado ha sido el endeudamiento y la rabia de una generación que no ve claro el beneficio de lo que paga.

El estudiante de la Universidad de Chile Richard Salas creó a principios de este año un sitio en internet que permitía a cualquier estudiante anónimo “indignado” subir su foto y su deuda con el sistema universitario chileno. Una red social de deudores. Al cierre de esta edición, unas 5.700 personas habían compartido sus datos en Yodebo.cl, las que totalizaban una deuda de CL$ 65.000 millones. Un promedio de CL$ 11 millones por persona.

Y es que, en Chile, el camino a ser profesional tiene un precio por el que hay disposición a pagar... y a endeudarse. La razón es simple: quienes cursan estudios en la educación superior tienen rentas mucho más elevadas que quienes se quedan sólo con 4º medio. Según un estudio de Patricio Meller, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile e investigador de Cieplan, la expectativa salarial para un egresado de Medicina es cercana a los CL$ 2,5 millones mensuales a los 40 años de edad, y para uno de Periodismo ronda el CL$ 1,5 millón. Quedarse sólo con educación media reporta un salario de apenas CL$ 250.000. “En Chile, estudiar en la universidad es el principal mecanismo de movilidad social”, dice.

Eso explica que muchas personas estén dispuestas a asumir una alta deuda para ingresar a la universidad. Y que los alumnos cuyo rendimiento académico no les permitió entrar a las mejores estén dispuestos a pagar aranceles más altos por instituciones de menor calidad. La mejor rankeada en Medicina, por ejemplo, la Universidad de Chile, tiene aranceles 30% más bajos que los de la Universidad Mayor, Nº 10 en el subránking

Y es que el modelo chileno para hacer más inclusiva su educación superior ha derivado en una serie de contradicciones financieras que están generando excesivas cargas en sus estudiantes, cuestionamiento en sus instituciones y una alta tensón en el sistema.

Los problemas no se pueden entender sin considerar el mayor logro del sistema universitario de Chile: el crecimiento exponencial de su cobertura, que pasó de 30.000 estudiantes en 1987 hasta 600.000 en 2011. Si se suman los institutos de formación técnica, la cifra llega a un millón. Esto fue acompañado de un fuerte aumento del número de instituciones. En 1980 había menos de 10 universidades en Chile, entre públicas y privadas (conocidas como privadas tradicionales). Hoy son 57 casas de estudio. Gran parte de ese incremento se debe a 31 emprendimientos privados universitarios. Si bien la ley no permite lucrar con la educación universitaria, muchas instituciones lo obtienen a través del negocio inmobiliario.

El financiamiento de este incremento de planteles y cobertura ha recaído principalmente en los mismos estudiantes y sus familias, y no en el sector público. “El gasto privado sobre el total es altísimo (cerca del 85%)”, dice José Miguel Sánchez, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. “Y eso se debe justamente a que la matrícula, el principal gasto, lo paga la familia”. Según cifras de la OCDE, el Estado chileno gasta en educación superior el 0,5% del PIB, mientras que en la mayoría de los países de ese club la cifra supera el 1%.

La mayor parte de los estudiantes de las universidades privadas creadas post 1980 tienen ingresos medios o bajos, vienen de colegios públicos de menor calidad (en Chile hay una altísima correlación entre la calidad de una institución escolar y el sector socioeconómico al que atiende) y sus padres no fueron universitarios.  Por eso, acceder al financiamiento es clave para ellos. “Esto ha presionado el sistema de ayuda financiera y fundamentalmente el de créditos y subsidios”, dice Sánchez.

El Estado apoya con ayuda directa a los estudiantes de los quintiles de más bajos ingresos, unos 180.000. Para los de los quintiles medios (3 y 4) en 2006 se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), préstamos para financiar carreras en las nuevas universidades e institutos de educación técnica, otorgados por la banca y avalados por el fisco. “Son créditos de altísimo riesgo”, dice un alto ejecutivo bancario de uno de los más grandes bancos de Chile, quien pidió no revelar su nombre. “Si no hubiese aval estatal, la banca no los ofrecería”.

El CAE surgió como la alternativa para los miles de jóvenes que querían estudiar, pero cuyos puntajes en las pruebas de selección no les alcanzaban para entrar a las universidades tradicionales, –agrupadas en el Consejo de Rectores de Chile, Cruch– que monopolizan el Fondo Solidario de crédito y tienen un procedimiento de admisión y financiamiento distinto. Este Fondo tiene ventajas para los estudiantes, como una tasa de interés más baja (2% real contra casi 6% real del CAE), y que es contingente al ingreso, es decir, nadie paga más del 10% de su sueldo una vez titulado.

Según datos de Ingresa, la entidad que administra el CAE, éste tiene 212.000 beneficiarios. Desde 2006 hasta 2010, el sistema ha entregado US$ 692 millones en créditos nuevos (no renovados) y sólo en 2010 se otorgaron préstamos a más de 90.000 estudiantes, por un monto cercano a los US$ 230 millones. Si a eso se suman los montos del Fondo Solidario, el sistema crediticio de educación superior suma en Chile una deuda cercana a los US$ 870 millones.

El problema es que el sistema camina hacia una alta morosidad. Según un informe del Banco Mundial (BM) sobre el CAE publicado en marzo de este año, los egresados que no han podido pagar sus deudas llegan al 36%. Como el CAE empezó a funcionar en 2006, los alumnos de una carrera de cuatro o cinco años están recién egresando. Y como tienen 18 meses de gracia una vez egresados, recién han empezado a pagar las primeras cuotas. El BM estima que la morosidad podría llegar al 50% a medida que más alumnos deban empezar a pagar. En esto también opera un incentivo de los bancos, pues al tratarse de créditos avalados por el Estado no tienen estímulos para gastar en cobranza, como en un crédito común y corriente.

Las tasas de interés reales del CAE son cercanas al 6%, lo que, sumado a que son créditos de largo plazo, lleva a que los deudores deban pagar hasta el 30% o 40% de sus ingresos en educación superior en el caso de los quintiles más bajos. Según el BM, el 20% de los beneficiarios del sistema tendrá una renta menor a CL$ 286.000 al mes luego de pagar su cuota. El interés de esta deuda no es el inadecuado para su tipo de riesgo. Según las normas internacionales de Basilea, un crédito estudiantil se cataloga como crédito de consumo, a pesar de la garantía estatal, los cuales tienen tasas mucho más altas. “La tasa actual es la adecuada al costo financiero, dadas las reglas actuales”, dice Andrés Gómez-Lobo, profesor de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien cree que no se ganará mucha eficiencia simplemente bajando la tasa. No obstante, el gobierno propuso poner más subsidios para bajar la tasa a 2% para todo el CAE.

El dilema del valor

El problema es que una reducción en la tasa no elimina el incentivo a subir permantemente los aranceles. Según Patricio Meller, en los últimos 12 años los aranceles han aumentado un 60% real. En casos extremos, como el de Odontología, la cifra es sobre el 150%. Hoy el arancel promedio es de CL$ 2,4 millones anuales. “Es uno de los más caros del mundo”, dice Meller. El promedio equivale al 41% del PIB per cápita, mientras que en EE.UU. no alcanza al 30% y en países como España y Francia es menor al 10%. La rentabilidad del diploma, no obstante, hace que en Chile se asuma el costo. Si se considera el estudiar como una inversión, ésta puede tener tasas internas de retorno (TIR) de 30% en carreras como Ingeniería Civil, Comercial o Enfermería. En carreras menos rentables, como Arquitectura, Sicología o Periodismo, la TIR es de 15%. Eso provoca una alta demanda por entrar al sistema.

Los créditos y becas se otorgan según los aranceles de referencia fijados por el Ministerio de Educación. No obstante, los del mercado son mucho más altos, entre 15 y 30%. Y en la medida que los estudiantes acceden a facilidades, las universidades –tradicionales, estatales y prívadas– tienen incentivos para capturar mayor ingreso de las familias. “Eso significa que no necesariamente cubren los aranceles reales que cobran las instituciones, ya que éstas los fijan más altos para captar la mayor disposición a pagar de las familias”, dice Rodrigo Díaz, del Consejo Superior de Educación.

El ejemplo de la estudiante Fiona Chávez, que describió su caso en Yodebo.cl, es claro. Estudió Geografía con un 80% de Crédito Universitario. Se endeudó en el sistema bancario por la diferencia y hoy arrastra una deuda total cercana a los CL$ 14 millones. “Hay un problema con los aranceles”, dice Andrés Bernasconi, vicerrector de la Universidad Andrés Bello e investigador sobre la calidad universitaria. “Las universidades tienen incentivos para poner precios por sobre los de referencia”, explica. Así, si se incrementan los créditos y facilidades de pago, los aranceles seguirán al alza.

Algunos críticos del sistema dicen que la decisión de haber depositado el financiamiento en las familias es uno de los responsables de la crisis del sistema. “La necesidad de financiar con recursos privados una función que es esencialmente pública es uno de sus principales incentivos perversos”, dice María José Lemaitre, ex directora de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y actual directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). “La fuente más directa de financiamiento son los estudiantes, que pagan lo que les pidan, porque en la práctica son consumidores cautivos”.

Esto debiera haber sido corregido por la misma competencia entre las universidades. No obstante, los recursos de la gran mayoría de ellas están puestos en llamar la atención de los alumnos más que en mejorar la calidad o bajar los precios. “Hacen mucho marketing y ponen fotos sociales en los diarios. Esa competencia genera costos crecientes que se transmiten a los aranceles”, dice Meller. Para él, la masificación del sistema hace que entren alumnos menos preparados y los profesores adecuan el nivel de enseñanza hacia abajo, lo que resiente la calidad, la cual es muy difícil de evaluar.

La coexistencia artificial de dos clases de universidades también tensiona al sistema. El 92% de las instituciones del Cruch tiene acreditación en tres o más áreas, mientras que en las universidades privadas no tradicionales la cifra es de sólo 23%. Las universidades del Cruch tienen mayor financiamiento directo del Estado, lo que las incentiva a invertir más que el resto en investigación y sumar calidad en ese aspecto. Eso se agrega al premio en calidad de contar con los mejores alumnos. Pero esto no permite discriminar realmente: hay universidades del Cruch reconocidas con malas y hay privadas de alta calidad.

“Las universidades del Cruch manejan un monopolio de derechos adquiridos”, dice Meller. “Pero otras van a hacer tanta investigación como ellas si se cambian los incentivos”. Su propuesta es entregar financiamiento a las que más invierten en esa área, sin importar su origen.

En todo caso, la incertidumbre es fuerte en el sistema. En el mediano plazo, el gobierno ha anunciado un financiamiento especial de US$ 4.000 millones para los próximos cuatro a seis años, aunque no ha dado los detalles de dónde vendrán ni cómo se gastarán. En el corto plazo, el gobierno ha enfatizado que en el presupuesto de 2012 la partida de Educación significa más del 25% del crecimiento del total del erario, y que es la partida que más crece: 7,6% contra 5% del presupuesto general. Sin embargo, el aumento en la cartera es el menor desde hace seis años, ha señalado el Instituto Libertad y Desarrollo.

José Miguel Sánchez: “El gasto privado sobre el total es altísimo”.
Patricio Meller: “Los aranceles chilenos son los más caros del mundo”.
Andrés Bernasconi: “Sería cuidadoso en hacer un juicio sobre la calidad”.

Los cambios que vienen en 2012 podrían comenzar a mover las cosas. Siete universidades privadas (Andrés Bello, Adolfo Ibáñez, Alberto Hurtado, Cardenal Silva Henríquez, de los Andes, Diego Portales y Mayor) comenzarán a compartir el sistema de admisión con las universidades del Cruch. La apertura es una especie de piloto para implementar en el futuro un sistema único, que beneficia a las universidades privadas en su búsqueda por los mejores alumnos. Por ahora seguirán con sistemas de financiamiento separados. Bernasconi afirma que de integrarse ambos mundos, “cambiaría la composición del alumnado, pero éstos estarían dispuestos a más o menos la misma calidad de educación”, dice.

Lo lógico es que en Chile el Estado comience a retomar protagonismo en la educación superior. El financiamiento mixto es la tendencia en el mundo y el país está desalineado de ella. “Las universidades de clase mundial no pueden sostenerse sólo con fondos privados, aunque les fuese posible, porque una de sus características distintivas es que producen abundantes bienes públicos”, dice Bernasconi. “Y las públicas han aprendido en los últimos 30 años que las platas del gobierno no alcanzan”.

Eso significa que el Estado debe poner nuevas exigencias. Para empezar, relacionadas con la entrega de información en dotación de recursos y su uso, y resultados medidos en alumnos que se titulan en un tiempo razonable, que no desertan, que obtienen trabajo y que están satisfechos con la formación recibida.

Aunque no está claro qué atribuciones tendrá, la creación de una Superintendencia de Educación Superior va en esa dirección. Y también podría haber una regulación de los aranceles. “Esto no va a mejorar la calidad, pero evitará que los estudiantes paguen por servicios que no reciben”, dice Lemaitre.

La discusión sobre cómo se gobiernan las universidades también aparecerá. En muchos casos, la elección de autoridades ejecutivas de parte de profesores (la Universidad de Chile y otras estatales) ha sido fuente de una gestión pesada. “Si se va a discutir sobre la calidad de las universidades hay que mirar su gobierno corporativo”, dice Alberto Etchegaray, ex superintendente de Valores y Seguros y miembro de Board, un centro de estudios sobre gobierno corporativo.

La pregunta es cómo afecta todo eso la calidad.  “Hoy el sistema trabaja con una base de estudiantes en permanente flujo por el fenómeno de la expansión”, dice Bernasconi. “Y como no se puede hacer una comparación a igual base, yo sería cuidadoso en evaluar la calidad”.

Más que Cruch o privadas, Lemaitre llama a distinguir entre universidades buenas y malas. “Hay universidades que entregan títulos válidos y otras que prácticamente los venden”, dice. “Pero nada de eso se transparenta”.

Mientras así sea, la página de Yodebo.cl se seguirá llenando de información de estudiantes indignados que ven sus deudas crecer sin percibir que la calidad haga lo mismo. El sistema chileno, cuyo principal mérito es el crecimiento de la cobertura, se enfrenta a una generación de “indignados”. Y le será difícil recuperar la confianza sin ayuda del Estado.

Autor: Juan Pablo Rioseco, Santiago